A mi juicio las jerarquias encuadran mal en una democracia, se premia a los individuos sumisos hacia el poder y no premian el merito ni la competitividad sana. El poder judicial es el poder mas individual, pero dominado por el corporativismo, precisamente para aumentar el control sobre dichos jueces.

Aunque hablar de separacion de poderes es cada vez mas, una quimera, ademas ni siquiera la constitucion en sus articulos fundamentales queda recogida dicha condicion necesaria para la existencia de una democracia.

Tambien esto es dificil de conseguir sin conciencia social para su reclamacion (no quiero cebarme, pero he leido algun texto de algun folari directamente fascista, o "democrata" para que nadie se ofenda) sobre el tema del articulo que transcribo.

Es parecido a lo que ocurre con el fascismo de empresa, los compañeros de trabajo utilizan todas las artimañas para castigar a quien destaca en el trabajo, en este caso por que lo ven como una amenaza.

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Con esperanza y con miedo

Joaquín NAVARRO

El dominio de la recompensa es el último asilo en que se atrinchera el poder arbitrario. También el dominio de la disciplina. Ambos dominios constituyen, en el campo judicial, el más grave riesgo para la independencia. Cualquier juez sabe que la mejor forma de «hacer carrera» es comportarse de acuerdo con las recomendaciones de los que se pretenden superiores jerárquicos y políticos. De ellos dependen sus expectativas de promoción y designación. También la posibilidad de ser acosados y sancionados con razón o sin ella. El maestro Carrara mostraba una honda repugnancia por el discurso implícito que el poder dirige a los ciudadanos: «Seréis declarados culpables por mis propios jueces. Estos jueces serán elegidos por mí, de modo que podré, a mi talante, escogerlos entre los que hayan hecho profesión de fieros principios y de deferencia a los deseos del Gobierno. También a mi talante removeré a los que se opongan a mis deseos. Recibirán de mí el estipendio necesario para su alimentación y para su familia y así podré, cuando me plazca, determinar sus ascensos de lugar y de clase y honrarlos con la amplitud de conciencia que muestren al condenar y a la crueldad con que castiguen». Es un discurso terrible que exige una respuesta elemental: si los jueces tienen superiores políticos y jerárquicos carecerán de libertad e independencia y no podrán ser justos. Mucho antes que Carrara, Aristófanes formulaba el mismo discurso: «Los jueces obedecen dócil y fieramente a los gobernantes de cuya voluntad dependen su sueldo, su consideración y su rango». Es sorprendente que esta idea-fuerza, que se repite sin tregua a lo largo de la Historia, no haya calado en la conciencia social, en la realidad institucional y en la propia conciencia judicial. Que lejos de potenciarse las garantías de independencia se alimente el espíritu de servidumbre y sumisión de los jueces al poder. Tanto al poder «externo» a su función como a los poderes internos que, como inmediatos en «superioridad jerárquica» y vicarios de la fuente política de su mandato, constituyen la mayor amenaza para su independencia y, por tanto, para su imparcialidad y exclusiva vinculación al Derecho. La vieja fórmula inglesa de juramento del juez traducía perfectamente el principio de independencia: «Sin esperanza y sin miedo». Sin tener en cuenta recompensas, reconocimientos o promociones de ningún tipo y sin temor a represalias sociales e institucionales más o menos subrepticias. Aquí se fomenta la esperanza (la «carrera» como plataforma de promoción y rampa de lanzamiento) y se multiplica el miedo. Con esperanza y con miedo no se puede ser imparcial ni, por consiguiente, justo. El propio Aristófanes completaba su terrible discurso con un estrambote endiablado. Cuando alguien osaba acusar a un miembro del poder, los jueces-avispas cantaban a coro: «Nunca hubiese tenido tal osadía ese hombre si no estuviese metido en alguna conspiración».

Estas reflexiones vienen a cuento con motivo de la sorprendente iniciativa del Consejo del Poder Judicial de entrometerse en la actividad jurisdiccional de una Sección penal de la Audiencia Nacional para investigar si cometió alguna infracción disciplinaria al decidir la libertad provisional de un preso preventivo. El Consejo sabe perfectamente que no cabe en tal cuestión falta disciplinaria de ningún tipo. Sabe también que su iniciativa predisciplinaria coincide con el aluvión de críticas mediáticas contra la resolución de esa misma Sala de disponer la libertad condicional con fianza de los últimos presos preventivos de Ekin, con grave disgusto para el poder político. No creo que exista relación de causalidad entre una y otra cuestión pero, por lo pronto, hay «relación de casualidad». El Consejo proyecta su actitud predisciplinaria «in suspecto tempore» y respecto a una materia por completo sustraída a sus competencias disciplinarias. Y emite un mensaje «jerárquico» que no contribuye a respetar la independencia judicial. El quevedesco «¿Justicia y por mi casa? Vaya a por otra» resuena insistentemente entre togas y puñetas acostumbradas a decidir y actuar con esperanza y con miedo.