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Costa Nostra´
• Hasta hace bien poco, cuando han comenzado sus problemas judiciales, casi nada se movía en la Costa del Azahar sin que Carlos Fabra, el líder del PP local, estuviera al tanto. Ahora destacados empresarios como Pedro Gimeno y Luis Batalla, que han sido sus aliados, pugnan por el último gran bocado urbanístico.


26/09/05 Política y ladrillos juegan juntos en la Costa del Azahar. Las sospechas de connivencia con políticos planea tras una sorda guerra entre constructores que se está produciendo en torno a una jugosa recalificación de terrenos en la provincia de Castellón, a la sombra de un parque temático que promueve la Generalitat valenciana. Dos de estas empresas, Lubasa y PGP, han sido receptoras de algunos de los mejores bocados que el poder político ha concedido en los últimos años. Parte de la remodelación del puerto de Castellón (El Grao), el ahora paralizado proyecto del aeropuerto que promueve la Diputación Provincial, los aparcamientos de la capital y la recalificación de terrenos de Renfe son algunas de las obras que han logrado, juntos o por separado, los ahora socios Luis Batalla y Pedro Gimeno. Dos empresarios de diferentes trayectorias y hoy gran éxito con importantes contactos tanto en la Diputación como en la Generalitat valenciana.

El último terreno de batalla es una llanada de naranjales entre Oropesa y Cabanes. En liza, dos proyectos: el de la empresa turística Marina d’Or y la coalición de tres empresas, Lubasa, PGP y un grupo constructor de Alicante. Los ayuntamientos afectados por este goloso PAI (Plan de Actuación Integral) se han decantado por la primera oferta, aunque se anuncia aún una larga batalla judicial de al menos dos años. Con clarividencia lo advirtió en declaraciones públicas el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, factótum del PP en Castellón: “Se decidirá en los tribunales”. Fabra no pasa por esta guerra de casualidad. PGP y Lubasa son las dos empresas que le han seguido en su proyecto más querido, calificado de “megalómano” por el ministro Jordi Sevilla: el aeropuerto de Vilanova d’Alcolea.

Lubasa y PGP han sido acusados de obtener un gran volumen de obra pública. De acuerdo con datos del Boletín del Registro Mercantil, sólo Lubasa, empresa matriz de un gran grupo económico, tiene ahora hasta cien encargos públicos, procedentes en su mayoría de administraciones del PP valenciano.

Por su parte, el empresario Pedro Gimeno niega a interviú haber obtenido beneficios por su amistad con Carlos Fabra. “Estoy en el aeropuerto porque me pareció una oportunidad importante para toda la provincia, y en cuanto al puerto de Castellón lo que hice fue perder di nero. Ahora, por ejemplo, he perdido la adjudicación de Mundo Ilusión, en la que llevo años invirtiendo dinero. No tengo nada más por adjudicación pública”. La operación urbanística que se dibuja entre los naranjales tiene su piedra filosofal en el proyecto que Carlos Fabra, hombre fuerte del PP en Castellón –imputado por varios presuntos delitos contra la Administración, como prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias y otro fiscal–, ha impulsado con toda su energía política: el aeropuerto de Vilanova d’Alcolea.

Sólo hubo una oferta para hacerse cargo de la construcción y explotación del aeropuerto. Aparecieron Lubasa, PGP y FCC, que obtuvieron posteriormente interesantes mejoras de la Administración. Desde una garantía económica de seis euros por pasajero, si el futuro aeropuerto no alcanza los umbrales de rentabilidad, hasta la expropiación de los terrenos (10,8 millones de euros) o un aval para un crédito de 44 millones de euros. El proyecto y el plan director (1,87 millones y 174.300 euros, respectivamente) ya habían también corrido a cargo de la Diputación de Castellón, que preside Fabra.

Hoy el aeropuerto no es sino una enorme extensión de tierras removidas. Enganchado en la falta de autorizaciones y problemas con asuntos como la cría del aguilucho cenizo, especie en vías de extinción, que el aeródromo esté operativo en 2007 parece una quimera. Además, hay serios problemas económicos porque las entidades financieras no acaban de entrar en el proyecto. En el mismo parece claro el papel de FCC –socio tecnológico del asunto– y el de Lubasa, potente constructora. Llama más la atención la participación de PGP, con un cinco por ciento.

Para la competencia de Lubasa y su unión de empresas parecía claro que no se trataba de un aeropuerto rentable. Sin embargo, para sorpresa de la oposición, el PSPV, y del sector, las condiciones de la concesión cambiaron, una vez adjudicada, de manera ventajosa. Hasta el punto de que varios informes jurídicos oficiales consideran que debía haberse vuelto a licitar, dado el cambio sustancial de condiciones económicas.

Mientras Lubasa es una gran constructora tradicional de Castellón, PGP es la sociedad de un empresario singular, Pedro Gimeno. Éste, amigo personal de Carlos Fabra, ha incrementado sus inversiones en la provincia de Castellón. No así el tamaño de su empresa. De acuerdo con los datos del Boletín del Registro Mercantil, PGP, que lleva desde 2002 sin depositar sus cuentas ante el registro, tenía entonces dos empleados fijos y cuatro eventuales. Así acometió, entre otros proyectos conocidos, la reforma del puerto de Castellón (El Grao), el de Burriana (que finalmente no ganó), el aeropuerto y un proyecto para urbanizar 20 millones de metros cuadrados, el PAI de Mundo Ilusión. Todo ello, con un capital social de 900.000 euros.

La amistad entre Carlos Fabra y Pedro Gimeno Pérez-Castejón ha traspasado los límites del rumor en Castellón. Ambos establecen su residencia de verano en Ibiza, en las proximidades de la exclusiva Marina Botafoch. Este verano fueron vistos y fotografiados navegando juntos en el yate de Gimeno, un barco de la clase Sunseeker, de 20 metros de eslora y valorado en unos 1,2 millones de euros. La influencia de Gimeno no quedó en Fabra. Además se incorporó a las vacaciones el conseller valenciano de Economía, Gerardo Camps. Según publicó la prensa valenciana, Camps compartió varias comidas con Fabra y Gimeno en el entorno de Marina Botafoch, donde está atracado el yate Polux, propiedad de Gimeno. Camps, en virtud de su cargo de conseller, es presidente de la sociedad pública Proyectos Temáticos. Esta sociedad es la accionista única de Centro de Ocio Mundo Ilusión, la sociedad que gestiona y explota el parque temático que hará de guinda y banderín de enganche al apetitoso PAI de 20 millones de metros cuadrados. Fabra, padre de la idea de Mundo Ilusión, es vicepresidente de esta sociedad. Gimeno había presentado junto a su socio, Luis Batalla, dos ofertas llamadas Mundo Ilusión Costa Azahar para hacerse con el jugoso pastel urbanístico entre Oropesa y Cabanes.

La Agencia Tributaria ha investigado los movimientos económicos de Fabra en 1999. Ese año se traspasó el restaurante Marenostrum, que regentaba María Amparo Fernández Blanes, esposa de Carlos Fabra, a otra sociedad, llamada Cocina Benicarlanda. Esta empresa es ahora propiedad de Gimeno, que ha acabado por cerrar el restaurante el año pasado.

Negocios y excepción
Los negocios florecen a la sombra de la excepcionalidad. El resquicio de un año que el PP ha concedido en la Comunidad Valenciana de moratoria de la ley reguladora del suelo en esta autonomía ha propiciado que se recalifiquen urgentemente 50 millones de metros cuadrados por un procedimiento de excepción llamado PAI. A la sombra de estos PAI, concebidos como un recurso puntual, se ha ido modelando buena parte del urbanismo valenciano. Lubasa, como gran empresa constructora ha estado muy presente en algunos de los más interesantes; y también en los de procedimiento algo más truculento.

El PAI de Renfe en la ciudad de Castellón ha sido uno de los controvertidos. Incluso hubo una denuncia en el proceso por presuntas irregularidades que presentó una asociación de comerciantes locales llamada Edificio Singular. Se acusó al ahora alcalde, Alberto Fabra, de haber arreglado un trámite burocrático para ayudar a Lubasa. Esta denuncia fue sobreseída en su momento. Sin embargo, a lo largo del juicio se supo que mucho antes de que estos terrenos entraran en liza urbanística, Alberto Fabra, entonces concejal de Urbanismo, se había reunido con directivos de Luis Batalla para hablar de este posible PAI. Los terrenos son los que ocupaba Renfe en la antigua estación y vías que ahora está soterradas. Allí se está edificando el futuro El Corte Inglés, lo que desplazará el peso comercial de la ciudad desde el casco histórico hacia esta nueva zona. Lubasa fue el único ofertante para este atractivo pastel. Los terrenos que eran dotacionales pasaron a ser terciarios y se modificó puntualmente el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para dar cabida a esta recalificación. Lubasa tiene también, casi en exclusiva, la concesión de los nuevos aparcamientos de la ciudad.

Lubasa consiguió otra adjudicación milagro, en diciembre de 2003, en El Puig (Valencia). El alcalde –en este caso del PSPV-PSOE– aprobó in extremis, en el último pleno del año convocado para el mismo 31 de diciembre, este PAI por cuatro millones de euros en el que se edificarían 4.500 chalés y un campo de golf. Un día después, el 1 de enero de 2004, entraba en vigor la obligatoriedad de reservar un 10 por ciento de los terrenos de estos PAI para viviendas protegidas. Finalmente el PAI de El Puig tiene difícil salir adelante por problemas medioambientales. Era el último jalón de la Ruta Azul, un proyecto que impulsó Eduardo Zaplana para la costa norte de la provincia de Valencia. La concesión fue impugnada, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Valencia desestimó una vez más la demanda contra Lubasa y sus socios, en ese caso Lladró, Gesfesa y Bancaja